Fascismos contra la Masonería

El primer paso oficial que el fascismo italiano dio contra la masonería fue a raíz de la deliberación del Gran Consejo Nacional Fascista del 15 de febrero de 1923, con la participación del Duce y otros catorce miembros de dicho Consejo. El resultado fue invitar a los fascistas que eran masones a elegir entre el pertenecer al Partido Nacional Fascista o a la masonería.

Poco después el Gobierno italiano, por medio de la llamada Comisión de los Quince, preparó un informe histórico sobre el significado y la obra de la masonería. A la vista de este informe el propio Mussolini entregó a la Cámara un proyecto de ley el 12 de enero de 1925, que él mismo se encargó de presentar. Tras reconocer que de todos era conocido el papel que en el Risorgimiento italiano desempeñaron las sociedades secretas, dijo que la existencia de tales sociedades se justificaba en tiempos de esclavitud, no en los tiempos actuales de libertad. En los nuevos tiempos, era incompatible con la soberanía del Estado. La ley contra la masonería fue finalmente fue aprobada.

A la izquierda, Fernando Pessoa (1888-1935), uno de los mayores poetas y escritores de la lengua portuguesa, jugando al ajedrez con Aleister Crowley

Unos años más tarde, en el Portugal de Salazar, se iba a repetir la experiencia italiana. Oliveira Salazar centró su atención en el peligro de las sociedades secretas como responsable de la decadencia de Portugal. Un Informe contra las sociedades secretas acabaría siendo aprobado y promulgado oficialmente bajo forma del ley el 21 de mayo de 1935. El poeta Pessoa, declarándose no masón ni tampoco antimasón, escribió un largo artículo criticando el proyecto del señor Cabral, que se integraba, tanto por su naturaleza como por su contenido, en «las mejores tradiciones de los Inquisidores».

Pessoa afirma que el proyecto de ley, aparentemente dirigido contra las «asociaciones secretas» en general, en realidad iba dirigido total o parcialmente contra la masonería, que no es una simple asociación secreta, sino una orden iniciática, cuyo secreto es el común a todas las órdenes iniciáticas, a todos los llamados misterios, y a todas las iniciaciones transmitidas directamente de maestro a discípulo.

La consecuencia de la promulgación de esta ley fue la persecución y el exilio para no pocos de los 9.500 masones portugueses catalogados entonces como tales por las fuerzas gubernamentales.

Por su parte, en la Alemania de Hitler, la lucha contra la masonería estuvo íntimamente ligada no sólo a la prohibición de las sociedades secretas y a la supresión del marxismo internacional, sino especialmente con la cuestión del judaísmo, en gran medida inspirada en Los Protocolos de los Sabios de Sión. Ya Hitler los utilizó múltiples veces en su obra Mein Kampf, en la que desarrolló en 1924, sus concepciones de «pueblo y raza» y manifestó su decidida lucha contra las potencias supraestatales que encarnaban «el judaísmo, el bolchevismo y la masonería». En Alemania, la difusión de los Protocolos sirvió para la propaganda hitleriana. Desde 1934 fueron introducidos en la enseñanza. De esta forma se fue extendiendo en Alemania la obsesión de la alianza subterránea de los judíos y los francmasones por la conquista del mundo.

Ante esta actitud de ataque y persecución, las logias alemanas —al igual que las de Italia y Portugal— por iniciativa propia cesaron sus actividades. El Gobierno requisó todos sus bienes muebles e inmuebles. Goering afirmaba en 1933: ¡Para la Francmasonería no hay lugar en la Alemania nacionalsocialista!». Y el 1 de marzo de 1942 escribía lo siguiente:

«La lucha contra los judíos, los francmasones y las otras potencias ideológicas en lucha contra nosotros, es una tarea urgente del nacionalsocialismo durante la guerra».

Con la llegada de los alemanes a Francia, los primeros en ser señalados fueron los participantes del Frente Popular, los francmasones, los judíos, los anglosajones y, más tarde, los bolcheviques. Ello dio origen a la legislación antimasónica del Gobierno de Vichy, especialmente la ley del 13 de agosto de 1940 por la que se prohibían las sociedades secretas, sin hacer expresa mención de la masonería, su principal destinatario.

Fuente: Extractado de: José A. Ferrer Benimeli (Universidad de Zaragoza), El contubernio judeo-masónico-comunista, Madrid, 1982, pp. 223-272.