Un nuevo informe sobre Ayotzinapa deja en evidencia al Gobierno mexicano

Un demoledor informe de un grupo de expertos independientes sobre la desaparición forzada de 43 estudiantes mexicanos en septiembre de 2014 en Ayotzinapa representa una nueva mancha en el atroz historial de derechos humanos del Gobierno mexicano, asegura Amnistía Internacional.

El informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, contradice la versión oficial de los hechos y critica la investigación del Gobierno mexicano hasta la fecha.

Acusa al Gobierno de no haber seguido las líneas de investigación claves, manipular evidencias, proteger a oficiales sospechosos de participación en las desapariciones forzadas y de torturar a presuntos sospechosos para asegurar “confesiones”. Además, el Gobierno negó una petición de los expertos y familiares de extender su mandato y continuar con su investigación.

“Al negarse a dar seguimiento a todas las posibles líneas de investigación, manipular evidencias, no proteger ni apoyar a las familias de los estudiantes, negar la petición de extender el mandato del GIEI y no haber estado en la presentación de hoy, las autoridades mexicanas están enviando el peligroso mensaje de que cualquiera puede desaparecer en México sin que se haga nada al respecto», dijo Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

“La respuesta oficial a la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y la ejecución extrajudicial de tres personas es la trágica ilustración de la actitud que tiene Enrique Peña Nieto frente a los derechos humanos: esconder o ignorar los hechos y esperar que las acusaciones simplemente se esfumen. Esto no es solo ilegal, sino también inmoral, y es una cachetada en la cara de los familiares que, tras casi dos años, continúan esperando respuestas».

El 26 de septiembre de 2014, 43 estudiantes de la escuela rural de Ayotzinapa en Iguala fueron víctimas de desaparición forzada en el estado de Guerrero, en el sur de México.

Fuente: Amnistía Internacional